viernes, 24 de abril de 2015

DOCENAS DE JUECES NO TIENEN NI IDEA. LA AUDIENCIA NACIONAL SÍ QUE SABE

La Audiencia Nacional desestima la querella contra Caja España-Duero por las participaciones preferentes

Raúl Martín
     
  •  24 Abril 2015
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Lucas Hernández y Julio Fermoso, ex director general y ex presidente de Caja Duero
El juez considera que la entidad financiera emitió este producto porque lo demandaban sus clientes, no para sanear sus cuentas o para un enriquecimiento ilícito, como sí se está investigando con otros bancos. Los preferentistas que no se acogieron al canje y estaban pendientes de este proceso judicial tienen ya sólo como recurso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo
La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que tramitaba la querella contra los administradores de Caja España-Duero, solicitando su responsabilidad penal por la emisión de participaciones preferentes y deuda subordinada durante los años 2009 y 2010, ha considerado que no hay indicios de delito.
El pasado mes de octubre declararon ante el juez el ex presidente de la entidad financiera salmantina y el ex director general, Julio Fermoso y Lucas Hernández, así como Santos Llamas, ex presidente de la entidad leonesa. Entonces explicaron que las participaciones preferentes que se comercializaron estaban totalmente explicadas en los folletos que se entregaban a los particulares. Es más, aseguraron que eran muchos los clientes quienes acudían hasta la entidad financiera solicitando este producto. Ahora, la Audiencia Nacional considera que la entidad financiera emitió este producto porque lo demandaban sus clientes, no para sanear sus cuentas o para un enriquecimiento ilícito, como sí se está investigando con otros bancos.
Los preferentistas que no se acogieron al canje y estaban pendientes de este proceso judicial tienen ya sólo como recurso el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. La Unión de Consumidores exigía la responsabilidad de los dirigentes de las cajas castellanas y leonesas, argumentando que se había ideado el entramado de las preferentes a sabiendas de que quienes invirtieran en ellas perderían su dinero. La Justicia consideró en los tribunales madrileños que estos productos estaban regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), por lo que en todo caso habría que seguir la vía judicial de forma particular, como han hecho muchos preferentistas.

EL BOLETÍN.com

sábado, 18 de abril de 2015

Multa de dos millones a las cajas gallegas por la venta de preferentes

La CNMV sanciona a las entidades desaparecidas por no dar información a sus clientes

 Madrid 18 ABR 2015 - 17:17 CEST

Protesta de afectados por las preferentes en Vigo en 2013. / / S. SAS (EFE)

Las cajas fuertes de Galicia, Caixa Galicia y Caixanova, todopoderosas hasta finales de la última década, atraparon a decenas de miles de impositores con productos híbridos que comercializaron sin advertir de sus riesgos. Las odiadas participaciones preferentes fueron adquiridas por personas de todo perfil, incluso analfabetos, o madres y padres que querían realizar una inversión para sus hijos menores de edad y que vieron atrapados sus ahorros.
Tras una dura batalla en los juzgados de los afectados, sumada a las protestas ante los servicios de mediación que puso en marcha la Xunta y a raíz del escándalo que también tocó de lleno a otras entidades como Bankia, la Comisión Nacional del Mercado de Valores desplegó una investigación que ha terminado este sábado con la publicación en el Boletín Oficial del Estado de cuatro multas que suman poco más de dos millones de euros. Muy poco escarmiento en relación al tamaño del problema: el FROB, en un informe fechado a mediados de 2014, elevó a 116.000 los afectados por preferentes y subordinadas en Galicia por un importe de 1.831 millones de euros. Las sanciones llegan siete años después de que las cajas vendiesen esos productos y tras la privatización de las mismas por parte del FROB. El Estado vendió el banco resultante NCG, al grupo venezolano Banesco, que opera en España bajo la marca Abanca.
Lo que el BOE plasma hoy son cuatro multas que se imponen a Caixa Galicia, Caixanova y la entidad resultante de su fusión, Novacaixagalicia. La primera caja, con sede en A Coruña, recibe una sanción por la comercialización, entre 2008 y 2009, de productos híbridos sin evaluar si eran adecuados a los conocimientos y experiencia de sus clientes. Caixanova también es sancionada porque distribuyó, desde 2009 a noviembre de 2010, “productos híbridos utilizando sistemas de evaluación que presentaban deficiencias”, sin advertir a sus clientes "que las operaciones eran no convenientes o no evaluadas, y no habiendo acreditado la entrega de información sobre las características y riesgos de dichos productos". La CNMV reprocha a la entidad resultante, Novacaixagalicia, el mismo comportamiento, por lo que impone una sanción a las tres de un millón de euros.
A ella se suma el hecho de que ni Caixanova primero ni Novacaixagalicia después "gestionaron adecuadamente los conflictos de interés generados por la realización de cases entre sus clientes a precios significativamente alejados de su valor razonable", desde el 19 de junio de 2009 hasta el 13 de septiembre de 2011. La falta, considerada "muy grave", alude a la forma en que las cajas crearon una suerte de "mercado interno" por el que algunos clientes liquidaron preferentes que la entidad colocaba a otros impositores según su propio criterio. Esa forma de actuar merece según la CNMV dos sanciones de 800.000 y 200.000 euros que se suman a una última de 50.000 euros para dar ese total de dos millones.

EL PAÍS

FORGES

CAYÓ EL PRIMERO. HABRÁ MÁS



EDITORIAL

Del prestigio de Rato a la vergüenza del hombre sin escrúpulos


A medida que vamos conociendo datos acerca de la fortuna oculta de Rodrigo Rato, crece el desconcierto por el asombro que causa el grosero contraste entre el aura de santidad que llegó a rodear al que tantos seguían presumiendo como el sucesor natural de José María Aznar y la realidad obscena que se escondía tras ella, aunque nadie va a poder negarle su brillante gestión como ministro de Economía. Es verdad que existían los antecedentes de su nefasto papel en Bankia, coronada con el deshonroso episodio de las tarjetas black, pero la información que revelamos hoy nos muestra de una sola pieza la bajeza de un hombre sin escrúpulos capaz de utilizar a sus hijos menores de edad como pantalla para eludir el pago de la fianza impuesta por la salida a Bolsa de la entidad financiera.
La Agencia Tributaria ha descubierto que Rato escondía un sensacional patrimonio de 27 millones de euros, del todo inalcanzable a pesar de sus cuantiosos ingresos ordinarios. Se trata de una cifra escalofriante que, no obstante, está calculada por lo bajo y que nos retrotrae al impacto social experimentado tras el hallazgo de la cuenta de Luis Bárcenas en Suiza, multiplicado esta vez por el ascendente político del protagonista. A esa cantidad hay que sumar el valor de un hotel en el centro de Berlín del que el ex vicepresidente y su ex esposa poseen el 44%. Para hacerse una idea, la empresa que lo explota paga un canon de 17 millones anuales. Con este imperio, la familia Rato declaró en 2013 como base imponible del ahorro unos ridículos 2.884 euros. Hacienda estima que las cuotas defraudadas entre 2011 y 2013 sumarían en total 2,4 millones, suficientes para tener la certeza de que, si se confirman, el impulsor del milagro económico, orgulloso gerente del FMI, dormirá varios años en la cárcel.
Yerra la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, cuando pretende hacer creer a los españoles que el de Rato es un"asunto particular". Eso quisiera ella. Y se equivocaría Rajoy si pretendiera eludir las explicaciones sobre el deplorable comportamiento de quien ha ocupado importantes responsabilidades de Estado y ha sido un destacado miembro del partido. El presidente no debe caer en el error en el que ya incurrió en ocasiones anteriores, como tras el descubrimiento de los papeles de su ex tesorero, y tiene que dar la cara para evitar que se agrave el desgaste que la corrupción ha supuesto para el PP. Al igual que Bárcenas, Rato no era un señor que pasaba por allí.
La diligencia mostrada por la Agencia Tributaria no ha de detenerse en el ex vicepresidente y debe resolver cuanto antes las dudas que planean sobre los otros 704 cargos acogidos a la amnistía. La reforma de la ley tributaria que permitirá conocer la identidad de los defraudadores a Hacienda es otro paso en la búsqueda de la transparencia que tiene que tener continuidad.
EL MUNDO

DIOS LOS CRÍA Y ELLOS SE JUNTAN

Rato, cuando era ministro de Economía, y Montoro, de Hacienda, en 2000. / GORKA LEJARCEGI


RATO EN LA RATONERA

LA CAÍDA DEL EX VICEPRESIDENTE

LA INVESTIGACIÓN

Rato posee un patrimonio de 27 millones y un hotel en Berlín

  • EL MUNDO descubre las cifras de la fortuna oculta del ex ministro de Hacienda

Rodrigo Rato, sentado en las oficinas en las que tiene su despacho,...
Rodrigo Rato, sentado en las oficinas en las que tiene su despacho, durante uno de los registros. J. BARBANCHO

La investigación de la Agencia Tributaria

1.429.313 euros

IRPF defraudado por el ex ministro de Hacienda y su familia en dos años

939.741 euros

Fraude al Impuesto de Sociedades en los últimos tres ejercicios

2.884 euros

Lo que tributaron él y su familia en 2013 por intereses y dividendos
El que fuera referente del Partido Popular y de buena parte de la sociedad española ha resultado ser un hombre "con ánimo de defraudación tributaria" del que hay "riesgo de transmisión de gran parte de su patrimonio para eludir el pago [en Bankia] de sus responsabilidades pecuniarias futuras". Así lo aseguran fuentes jurídicas y aflora en la escalofriante documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO sobre los hallazgos de la inspección de la Agencia Tributaria tras una larga investigación al ex vicepresidente del Gobierno, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex presidente de Bankia.
El mismo Rato que ha dedicado el grueso de su carrera a la función pública acumula de pronto un patrimonio mínimo de 26,6 millones de euros, según la investigación tributaria, que no ha percibido que lo haya declarado en su totalidad ni en la llamada amnistía fiscal ni en los ejercicios posteriores. A esta fortuna hay que agregar además su participación del 44% en el hotel Catalonia Berlin Mitte de cuatro estrellas y por el que cobra, junto al resto de socios, un alquiler de 17 millones de euros.
Todo este patrimonio se deriva de un entramado societario repartido en varios países -y compartido con su ex esposa e hijos- tan complejo que, según fuentes jurídicas, es evidente que Rato procuraba que no se conociera. Como ejemplo, llamó la atención que, pese a tamaño patrimonio, el rendimiento declarado a Hacienda por el ex ministro por intereses, dividendos y seguros de vida alcanzó en 2013 apenas 2.884 euros.
La Agencia Tributaria llegó a la conclusión de que Rato, además de cometer un presunto delito fiscal, presentaba un riesgo que obligaba a actuar. Se trata de "presuntas operaciones de despatrimonialización que se vienen produciendo con mucha intensidad en los años 2014 y 2015 y que podría derivar de las posibles responsabilidades pecuniarias que le pueden ser exigidas a Don Rodrigo Rato Figaredo en el proceso judicial denominado Bankia".
Hacienda descubrió un emporio del ex ministro y pidió su detención tras intensificar éste su "despatrimonialización"
Según sus estimaciones, la deuda de Rato con Hacienda supera enormemente los 120.000 euros en los que está fijado el límite del delito fiscal. Sólo en los ejercicios 2012 y 2013, estima que Rato debió pagar en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) 1,42 millones de euros más de lo que pagó efectivamente.
Según sus averiguaciones, el problema es que Rato utilizaba sociedades como vehículo de cobro de lo que eran en realidad servicios profesionales personales. Especialmente pone la lupa en la sociedad Kradonara, con sede en Sotogrande y cuyo propietario es la firma londinense VivaWay con administración gibraltareña, pero cuyo verdadero titular es Rato. El ex ministro cobraba a través de esta empresa y compensaba los ingresos con presuntos gastos de personal y otros de la sociedad, de modo que el resultado final era no tributar apenas.
Además, la Agencia Tributaria calcula un fraude en el Impuesto de Sociedades de 939.741 euros en los ejercicios 2011, 2012 y 2013, porque Rato no declaraba en sus empresas los movimientos de divisas que hacía. Según publicó EL MUNDO el pasado viernes, el tráfico de divisas en diversos países, como Luxemburgo o Suiza, por parte de Rato o sus sociedades ha ascendido en los últimos años a 12 millones de euros.
La Inspección se movió con cautela para que Rodrigo Rato no sospechara nada
Como ejemplos, fuentes jurídicas aportan 1,78 millones recibidos desde Gibraltar en 2011, 700.000 desde Reino Unido en 2012 y 1,5 millones desde este mismo país y Luxemburgo en 2013. El tipo correspondiente del Impuesto de Sociedades aplicado a estas cantidades arroja el citado presunto fraude fiscal cercano al millón de euros en tres años.
Ante la actitud de ocultación de Rato, los inspectores de Haciendahan tenido que moverse con tiento y han advertido a la Fiscalía de que no han pedido notificaciones de las últimas escrituras públicas otorgadas o los movimientos de cuentas corrientes más recientes para no poner en peligro las actuaciones. El hecho de que la Agencia Tributaria muestre temor a ser descubierta por Rato es uno de los devastadores datos que afloran en esta histórica investigación.
La Fiscalía ha tomado nota de que, según la Agencia Tributaria, "Rato tiene por sí mismo o a través de sociedades un elevado tráfico financiero con países que son de riesgo por tener la consideración actual de paraísos fiscales, por haberlo sido anteriormente o por tener severas restricciones en el acceso a la información bancaria". En opinión de las citadas fuentes, "esto choca frontalmente con su actividad empresarial y profesional, que es fundamentalmente nacional y escasamente internacional".
Pidió a la Fiscalía la detención del ex ministro y el bloqueo de sus cuentas
Rato no ha negado ni que se acogió a la amnistía fiscal ni que esté operando con paraísos fiscales, pero sí rechaza que tenga sociedades con sede en estos territorios opacos. Para la Agencia Tributaria hay pruebas suficientes de relación con países como Luxemburgo, Holanda, Suiza, República Dominicana o incluso Suazilandia. No faltan en su patrimonio participaciones en dos Sicav.
Ante todo este despliegue sospechoso, la Agencia Tributaria comunicó a la Fiscalía que, a su juicio, había "riesgos de ocultación, destrucción y dificultad de obtención de pruebas", según fuentes jurídicas. Eso, unido al vaciamiento patrimonial al que estaba procediendo Rato, provocó su "detención al menos por el tiempo necesario para asegurar la obtención de pruebas y la materialización de medidas cautelares". Entre ellas, solicitó el bloqueo de sus cuentas y de sus bienes inmuebles, el registro de sus domicilios y despachos, además de los de sus representantes y abogados, Miguel Ángel Montero, Domingo Plazas y Ángel Marín.
La Fiscalía y el juez de Instrucción número 31 que se ocupa del caso han procedido a ejecutar las peticiones de la Agencia Tributaria, que incluyen también recabar de inmediato los últimos 10 movimientosrealizados en las cuentas bancarias.
El ex director gerente del FMI mantiene que coopera activamente y que confía en la Justicia. La investigación en este escándalo apenasacaba de comenzar.

EL MUNDO

¿SE VA DE ROSITAS?

El consejero de Economía de Castilla y León se va de la política con sombras sin aclarar

Los juzgados investigan irregularidades en antiguas cajas de ahorro de esta comunidad autónoma, que Tomás Villanueva intentó fusionar en una entidad regional.
También se investiga si hubo prevaricación y tráfico de influencias en la compraventa de terrenos para un futuro parque empresarial en Valladolid.
La Consejería de Economía pagó un sobrecoste de 30 millones de euros  en la compra de un edificio de oficinas en el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, por lo que la Justicia ha llamado a declarar a una veintena de altos cargos de la Administración.
  15/04/2015 - 23:36h

Tomás Villanueva, en el centro, en la constitución de la Comisión Ejecutiva del Consejo Financiero de Castilla y León. Foto: jcyl.es
Tomás Villanueva, en el centro, en la constitución de la Comisión Ejecutiva del Consejo Financiero de Castilla y León. Foto: jcyl.es
Ha sido el hombre fuerte del PP en Valladolid. El que tenía el control absoluto del Gobierno regional. Por el que pasaban los dineros del partido en Castilla y León. Lo ha sido todo en el PP. Y ahora, tras 16 años en la Administración, Tomás Villanueva deja la política porque considera que ha cubierto una etapa. A partir del mes de mayo volverá a su despacho de abogados, por el que también han pasado un buen número de dirigentes del PP en Valladolid.  
En una rueda de prensa que dio esta semana, Villanueva ofreció un balance de legislatura positivo, optimista, pero sin un ápice de autocrítica. Llegó a decir que la política económica de Castilla y León ha dado “estabilidad y crecimiento”.
Pero apenas hizo referencia a las sombras de su Consejería. Sombras que van desde las supuestas irregularidades que se investigan en las antiguas cajas de ahorro de Castilla y León a las investigaciones judiciales por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la compraventa de terrenos para convertirlos en un parque empresarial de Valladolid, o por el sobrecoste de 30 millones de euros en la compra de un edificio de oficinas en Arroyo de la Encomienda (Valladolid).
Tomás Villanueva fue el consejero que ideó el famoso “músculo financiero” de Castilla y León, es decir, el intento de fusionar a las cajas de ahorro de esta región para convertirlas en una entidad de crédito fuerte. Sin embargo, todo aquello quedó en la venta de estas cajas a bancos de fuera de la Comunidad Autónoma y en investigaciones judiciales por supuestas anomalías.
Es más, la mayoría del consejo de administración de la antigua Caja España está imputada por la concesión de créditos al entonces presidente, Santos Llamas, y que también fueron autorizados por la Consejería que dirige Tomás Villanueva. En la rueda de prensa de balance de legislatura, el consejero eludió responder con claridad a estas cuestiones. Incluso llegó a reconocer que nunca supo que Santos Llamas debía dinero a Caja España. Y como es habitual en Villanueva, eludió responsabilidades y dijo que la competencia en esos temas era del Banco de España, que nunca cuestionó esos créditos.
Tampoco es claro el consejero de Economía en las explicaciones sobre la compraventa de unos terrenos donde instalar el parque empresarial de Portillo (Valladolid). Según desveló el lunes la Cadena Ser en Castilla y León, Gesturcal –empresa pública- compró unos terrenos por 35 millones de euros a Parque Empresarial Portillo y cementos La Bureba, quienes, a su vez, los habían adquirido por 10,7 millones. Según un informe policial, que cita la emisora, “parece que la actuación estuviera concertada desde mucho tiempo antes de que se realizaran los convenios de colaboración”.
Un dato que incide en lo llamativo de la operación: la empresa Urban Proyecta PM3 compró, por 5 millones de euros, terrenos a agricultores y, posteriormente, los vende a Parque Empresarial Portillo por 8,5 millones.  Por todo ello, los tribunales investigan si en este caso hubo prevaricación y tráfico de influencias.
Esa empresa, Urban Proyecta PM3, fue la que vendió a la Junta de Castilla y León un edificio de oficinas – donde está la Agencia de Desarrollo de la Junta de Castilla y León, antes la Agencia de Desarrollo Económico (ADE)- en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y que supuso un sobrecoste de 30 millones de euros. También por este caso hay diligencias judiciales abiertas por las que se ha citado a declarar a una veintena de exaltos cargos de la Consejería de Economía.
Y mientras tanto, Tomás Villanueva sigue ofreciendo datos positivos sobre la economía de Castilla y León y no aporta claridad a las sombras de su Consejería.

EL DIARIO.es