Los tribunales investigan al ‘músculo financiero’ de Castilla y León
Hace
años, la Junta de Castilla y León, a través de su consejero de
Economía, Tomás Villanueva, descubrió una expresión: “músculo
financiero”. Eran mediados de la década de 2000, cuando desde el
Gobierno regional se ideó la fusión de las cajas de ahorro de esta
comunidad autónoma.
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| El Consejero de Economía y Empleo de la Junta de Castilla y León |
Se
buscó unir a Caja Duero, Caja España, Caja Ávila, Caja Segovia, Caja
Burgos y Caja Círculo. Hoy todas ellas ya no existen de forma individual
y están integradas en entidades más grandes o en vías de integración.
Ahora,
menos de cinco años después de aquel invento, las denuncias no han
hecho más que aflorar sospechas, dudas y una gestión
económico-financiera que ha dejado demasiadas lagunas, que se conocían
pero que no se denunció.
Y
lo último en conocerse es que la Fiscalía de Burgos ha trasladado a los
juzgados una denuncia de UPyD contra los directivos de la antigua Caja
de Burgos, hoy integrada en Caixa Bank, por un delito de administración
desleal o fraudulenta.
En
este caso, como en otros ocurridos en cajas de ahorro de Castilla y
León, se denuncian los préstamos que concedían las entidades a sus
directivos. En el caso de Caja Burgos, UPyD reveló que el anterior
presidente, José María Arribas, recibió 45 préstamos personales entre
2005 y 2010, por un valor de 34 millones de euros. Estos créditos
representaron el 93,86 por ciento de los que se dieron a miembros del
Consejo de Administración, según UPyD.
En
la denuncia de este partido se fue más allá al afirmar que los
consejeros de Caja Burgos recibieron retribuciones incompatibles con su
cargo, entre el 14 de febrero y el 15 de junio de 2011, durante el
proceso de integración en Banca Cívica.
Ahora,
es la Fiscalía la que podría haber visto indicios de delito al
trasladar esa denuncia a los juzgados de Burgos para que inicien las
investigaciones oportunas.
Pero
esta entidad no es la única que es investigada. Casualmente, ese 'modus
operandi' –en términos policiales– de conceder préstamos al presidente
de la caja en condiciones ventajosas es el mismo que se investiga en la
antigua Caja España. Aquí, y debido a una denuncia interpuesta por IU de
Castilla y León, se analizan judicialmente una veintena de operaciones
de crédito que se dieron por el Consejo de Administración de la caja
radicada en León en las que no hubo garantías y, además, se tramitaron
como ordinarias cuando eran de riesgo.
En
total, se habla de créditos por valor de 67 millones de euros que se
concedieron a empresas de Santos Llamas, un constructor leonés que,
casualmente, era el presidente de Caja España, entre julio de 2006 y
septiembre de 2010. Fue él uno de los interesados en lograr la fusión
con Caja Duero, con sede en Salamanca.
El
presidente de esta última caja, el neurólogo salmantino Julio Fermoso, y
su director general, Lucas Hernández, también son investigados por los
tribunales por operaciones que Caja Duero efectuó con la empresa de
construcción Nozar, entre 2007 y 2008, y que llevaron a una situación
financiera muy débil de la caja.
En
otras operaciones, está la compra a esa empresa de un edificio en
Madrid, por el que se pagaron 55,8 millones de euros, un precio que
ahora, desde el Banco Ceiss –que nació con la unión de Caja Duero y Caja
España–, se considera muy elevado, ya que se ha tasado en 15,8
millones. Al mismo tiempo, la investigación también indaga en un crédito
de 34,5 millones a Luis Nozaleda, dueño de Nozar, avalado con la
garantía de un paquete de acciones de tres empresas en crisis (el
balneario Aguas de Panticosa, la chacinera Marcos Sotoserrano y la
quesera Qualia Lácteos), que acabaron en poder de la caja. Las dos
operaciones suman más de 90 millones de euros y se firmaron meses antes
de que la empresa presentara concurso de acreedores.
Además,
los presidentes de Caja Ávila, Agustín González, y de Caja Segovia,
Atilano Soto, están imputados por el caso Bankia, en la Audiencia
Nacional, tras otra querella de UPyD contra 33 exmiembros del Consejo de
Administración de Bankia por la fusión y salida a Bolsa de la entidad,
que posteriormente tuvo que ser nacionalizada y recibió 22.424 millones
en inyecciones de capital y otro tanto en avales públicos.
Y
el Juzgado de Instrucción número 5 de Segovia también tiene imputados a
todos los consejeros del Consejo de Administración de Caja Segovia
participantes en una reunión mantenida, el 17 de julio de 2012, para
aprobar la operación para hipotecar un emblemático edificio de la
capital segoviana: el Torreón de Lozoya. Se les investiga por la
supuesta comisión de un delito societario.
La
imputación se basa en que el Consejo de Administración de Caja Segovia
adoptó un acuerdo para solicitar de Banco Financiero y de Ahorros un
préstamo con garantía hipotecaria por importe de 6.864.611 euros, que se
concretó en escritura pública otorgada ante un notario de Segovia.
Entre los bienes hipotecados en garantía del préstamo se encuentra el
Torreón de Lozoya, bien perteneciente a Caja Segovia y símbolo de la
ciudad.
