Valladolid, 23 jun (EFECOM).- IU y Ecologistas en Acción han ampliado la querella contra directivos del Banco CEISS, surgido de la fusión entre Caja España y Caja Duero, a los que acusan de administración desleal, supuestamente por suscribir una póliza que blinda su cese con una indemnización de "más de un millón de euros".
La ampliación de esta querella, presentada en noviembre de 2011, se ha registrado en el Juzgado de Instrucción número 5 de León ante la posibilidad de que el próximo jueves, cuando se reúne el Consejo de Administración del Banco CEISS ya con el control de Unicaja, algunos de los directivos que supuestamente suscribieron estas pólizas pudieran ser cesados de sus funciones, según han explicado hoy en una rueda de prensa dirigentes de IU y de Ecologistas.
El coordinador general de IU de Castilla y León, José María González, ha denunciado la paralización judicial de esta querella, a la que ahora aportan nueva documentación, y ha considerado que esta supuesta operación de los directivos de la entidad financiera es "un ataque real al antiguo sistema financiero de la Comunidad" del que deben responder el PP y el PSOE como principales impulsores de todo el proceso de fusión de Caja España y Caja Duero.
El asesor jurídico de IU, Gorka Esparza, ha reclamado al juzgado que agilice la instrucción de este caso para esclarecer si, como figura en la documentación aportada por este partido, estos dirigentes suscribieron una póliza "en beneficio propio" a sabiendas de que era "sufragada por la entidad" en su propio perjuicio, ya que en el momento de firmarlas las cuentas de CEISS "ya eran conocidas".
La querella incluye como potenciales beneficiarios de estas pólizas al presidente de la entidad, Evaristo del Canto; al director general adjunto del Banco Ceiss, Javier Ajenjo; y al director de la división de secretaría general, Luis Miguel Antolín, citados hoy por el asesor jurídico de IU, y otras cinco personas a las que no se han referido expresamente.
Los denunciantes han mostrado sus dudas sobre la aprobación de esta operación en el seno del Consejo de Administración de CEISS, lo que en principio le concedería un marco de legalidad, aunque el responsable de Ecologistas en Acción Javier Gutiérrez ha matizado que la jurisprudencia actual sobre administración desleal atiende las circunstancias en que se toman estos acuerdos.
Sobre el retraso de la instrucción en el juzgado leonés, el asesor jurídico de Ecologistas en Acción, Luis Oviedo, lo ha atribuido a la "inmensa carga de trabajo" que soportan este tipo de juzgados y a que estas diligencias "van engordando y engordando con nueva documentación" y se hace "más difícil hincarles el diente".EFECOM

Fuente: EL CONFIDENCIAL