viernes, 20 de febrero de 2015

Verdú: 'Le dije a Rato que no podría aceptar la tarjeta, nunca había visto una cosa así'

El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú ha hecho hoy una declaración ante el juez que investiga las tarjetas black demoledora para los imputados y, en particular, para el ex presidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato.
Verdú ha asegurado que fue el propio Rodrigo Rato el que en febrero le ofreció en mano una de las exclusivas tarjetas black de la entidad y que se negó a aceptarla. "Le dije a Rato que no podía aceptar la tarjeta porque era una mala praxis", ha dicho Verdú. "En mi carrera de 30 años no había visto una cosa así", ha añadido en referencia a que le dijeron que no era necesario justificar ninguno de los gastos que hiciera.
El ex consejero ha precisado que el ex vicepresidente del gobierno le explicó que con la tarjeta podía gastar hasta 75.000 euros. Verdú dice que ni siquiera llegó a abrir el sobre en el que Rato le entregaba la tarjeta.
Verdú ha declarado como testigo, ya que nunca llegó a usar la tarjeta. En su comparecencia como imputado, Rato negó haber hablado del asunto con Verdú.
A preguntas de Anticorrupción y de UPyD, ha señalado que, a su juicio, si hubiera aceptado la tarjeta tendría que haber deducido lo que gastaba del máximo de 600.000 euros de retribución marcado por la ley.
El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú
El ex consejero delegado de Bankia Francisco Verdú EFE

EL MUNDO

¡MANDA COJINES!

Rato reclama 380 euros a una tienda de Gijón por el extravío de dos cojines

Fue a buscarlos varios meses después de dejarlos a una costurera, que los entregó a Cáritas al pensar que no volvería a recogerlos

19.02.2015 | 19:41
Rodrigo Rato. | EP
Rodrigo Rato. | EP
 El ex presidente de Bankia y ex presidente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato, ha solicitado, a través de la Oficina de Consumo del Ayuntamiento de Gijón, el abono de una indemnización de 380 euros a la propietaria de una tienda de costura por el extravío de dos cojines.
La regente de la tienda, Pilar Vázquez, ha reconocido que en su día que dejó los cojines junto a un contenedor de Cáritas, meses después de que Rodrigo Rato los hubiera dejado en la puesta del citado establecimiento porque estaba cerrado en ese momento.
Previamente, el ex presidente del FMI había preguntado por el presupuesto del arreglo de los cojines, descosidos ambos por el mismo lado.
Meses más tarde, cuando Rato volvió a por ellos y supo que habían sido donados a Cáritas, intentó sin éxito recuperarlos en la entidad social. Tampoco le fue posible interponer denuncia en la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía, donde le recomendaron que la Oficina de Consumo municipal era la competente en estos casos. Ahora será el sistema de arbitraje amistoso el que decida, según la información publicada por El Comercio.
LA GACETA DE SALAMANCA


Y yo me pregunto: ¿el tipo es simplemente cutre y miserable, o es que dentro de los cojines había algo especialmente valioso?

IU exige la imputación «urgente» de 33 ex consejeros de Ceiss

Con Ecologistas en Acción reclama al juzgado de León que abra diligencias .


dl | león 19/02/2015
IU y Ecologistas en Acción exigieron ayer la imputación «urgente» de 33 miebros del consejo de administración de Caja España (eran 34 con la fallecida presidenta de la Diputación leonesa, Isabel Carrasco) a quienes considera responsables de la concesión en 2009 de créditos a las empresas del entonces presidente de la entidad, Santos LLamas ya que consideran que los peritos del Banco de España que declararon en el Juzgado de León por este caso pone de manifiesto que se generó un quebranto económico a la caja de al menos 47 millones de euros por decisiones «inexplicables».
Asimismo, ambas organizaciones reclaman al juzgado que abra diligencias por un presunto delito de prevaricación por parte de los responsables de la Consejería de Economía y Empleo de la Junta, por autorizar esas operaciones, que se habrían extendido también tras la fusión con Caja Duero, por unos diez millones de euros.
El coordinador de IUCyL, José María González, el portavoz de Ecologistas en Acción Javier Guitérrez, y los abogados de estas organizaciones, Gorka Esparza y Luis Oviedo, respectivamente, ofrecieron ayer una rueda de prensa, para demandar que se desblooquee judicialmente el «limbo» en el se encontraban las diligencias que inició este juzgado en junio de 2013, tras la denuncia que presentaron ante la fiscalía en noviembre de 2011.
José María González insistió en que «no tiene sentido» que el proceso se dilate más en el tiempo y afirmó que si el juzgado que lleva el caso decide que éste duerma «el sueño de los justos otro año» habrá que entender que es «a propio intento» para frenar el proceso. González insisitó en su «preocupación» porque se siga «dejando pasar el tiempo» por parte de la justicia.
Recordó que el nombramiento de LLamas fue acordado por PP y PSOE.

DIARIO DE LEÓN

martes, 17 de febrero de 2015

TRANSCENDENTAL SENTENCIA EN ZAMORA

La Audiencia de Zamora abre la puerta a anular el canje de las preferentes

Los magistrados aseguran que el mecanismo no conlleva la pérdida del derecho a reclamar en la vía judicial

17.02.2015 | 08:55
Manifestación de afectados por las preferentes.
Manifestación de afectados por las preferentes. 
La Audiencia Provincial de Zamora ha ratificado la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 6, que consideraba inválido el mecanismo de canje ofrecido por Unicaja a los preferentistas de Caja España-Duero. La entidad malagueña ofreció a los afectados un cambio de valores mediante el cual obtenían parte en bonos de Unicaja y parte en efectivo. A partir de ahí se podría iniciar una reclamación por medio del mecanismo de arbitraje del FROB, pero nunca en los juzgados. De hecho, la principal "condición" que exigía Unicaja a quienes firmaban el canje -ante notario- era que renunciaran a sus derechos en vía judicial.
La sentencia de la Audiencia, dictada el pasado viernes, deja sin efecto esta última condición y obliga a Caja España a devolver a los afectados los 32.000 euros invertidos en obligaciones subordinadas más el interés legal del dinero desde la fecha en que se formalizó la operación. Los abogados encargados de defender al afectado en este caso, entre los que se encuentra Antonio del Castillo, aseguran que la sentencia "es pionera en Zamora y muy posiblemente en España, y es muy importante para el futuro porque todos aquellos que aceptaran el canje pueden ahora intentar anularlo en los juzgados".
En la sentencia los magistrados aseguran que no existe contraprestación de la entidad al hecho de renunciar a los juzgados. El mecanismo de revisión "fue propuesto unilateralmente por la entidad a los preferentistas de Caja España y supone una renuncia general y de futuro al ejercicio de acciones judiciales, aparece condicionada y que resulta carente de contraprestación, sin que desaparezca el objeto del proceso ni se obtenga satisfacción extraprocesal".
La parte demandada presentó, además, posturas contradictorias. "En su comunicación" a los afectados "de fecha 30 de mayo de 2014 se les informa de que consideran que no han aceptado la oferta vinculante, por lo que ahora no pueden pretender que sí la aceptaron y que la consecuencia jurídica sea la de finalización del proceso judicial con una resolución de satisfacción extraprocesal", esto es, el mecanismo propuesto por las entidades y ajeno a los juzgados.
La Audiencia subraya "el absurdo al que conduciría la estimación de la posición mantenida" por la entidad financiera. Mediante esta postura, dicen los magistrados, "los demandantes no obtendrían respuesta a sus pretensiones a través de ninguna de las dos vías. En la vía judicial se les respondería en el sentido de que ha existido satisfacción extraprocesal y en la vía extrajudicial se les ha respondido en el sentido de que al considerar que no se aceptó la oferta no se sometería a las ventajas que esta ofrece".
La sentencia impone las costas a la entidad financiera. También decreta la pérdida del depósito constituido para recurrir y se apunta que frente a la sentencia solo cabe recurso de casación.
Francisco García, otro de los letrados que han colaborado con el caso, asegura que la sentencia "es la más importante de los últimos meses" en lo relativo a participaciones preferentes y obligaciones subordinadas de Caja España-Duero. El letrado asegura que muchos firmantes del canje "pueden ahora reclamar" y puntualiza que "un buen número de ellos no se dieron cuenta de que estaban renunciando a sus derechos en los juzgados, creían que era la última oportunidad de recuperar algo del dinero que invirtieron en participaciones preferentes o obligaciones subordinadas".
Los letrados aseguran que la interposición de la demanda por parte de los afectados "era una opción muy arriesgada" porque, si los magistrados hubieran tenido en cuenta lo dicho en el momento del canje, "no existiría el derecho a acudir a la justicia ordinaria". En este sentido, García asevera que la publicación del texto por parte de la Audiencia Provincial "da mucha fuerza a los afectados de cara a futuros juicios. No es una resolución más. Es la sentencia sobre productos híbridos que todo el mundo estaba esperando".
En la sentencia inicial, la dictada por el Juzgado de Instrucción, se esgrimían los ya conocidos argumentos de falta de información y de transparencia a la hora de vender las obligaciones subordinadas a los afectados. Entonces, el pasado verano, el juez interpretó que el producto no era adecuado para inversores minoristas. De los 32.000 euros a pagar por Caja España se descuentan los intereses ya percibidos por los afectados.

LA OPINIÓN DE ZAMORA

viernes, 13 de febrero de 2015

UNA FIANZA RAZONABLE Y EJEMPLAR



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Fianza de 800 millones para Bankia, Rato y otros tres directivos por la salida a Bolsa

El juez Andreu recuerda en un auto que el rescate de Bankia ha costado “la friolera” de 23.500 millones de euros a los contribuyentes.


Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
Rodrigo Rato, expresidente de Bankia
 /  • 14:24
El juez de la Audiencia NacionalFernando Andreu ha impuesto unafianza solidaria de 800 millones de euros a Bankia, su matriz Banco Financiero y de Ahorros (BFA), su expresidente Rodrigo Rato y los exconsejeros Francisco VerdúJosé Manuel Olivas y José Manuel Fernández Norniella por el caso de la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011. Se trata de la fianza más alta impuesta en la historia en España.

En un auto, conocido este viernes, el magistrado da un plazo de un mes para que, de forma solidaria, depositen este dinero con el objeto de asegurar las eventuales responsabilidades que se puedan derivar en la causa. Si no presentan el dinero en el plazo fijado, se decretará el embargo de los bienes hasta cubrir estos 800 millones de euros.

Para fijar esa cifra el juez Andreu explica que la cantidad resulta de un tercio de los 1.800 millones de euros que invirtieron los minoristas en la salida a Bolsa, es decir, 600 millones de euros, a los que suma un tercio más a dicha cantidad.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 considera que se ha podido cometer un delito tipificado en el artículo 282 del Código Penal, que castiga a los administradores de una sociedad emisora de valores que hayan falseado la información económica contenida en folletos de emisión u otros instrumentos financieros.

“Como puede imaginarse, todo inversor es consciente de que una inversión de este tipo conlleva un riesgo, asumiendo que es posible un descenso de la cotización por las razones que fueran”, reconoce el juez Andreu, que no obstante considera que “nadie puede cuestionar que lo sucedido en este caso nada tiene que ver con un riesgo ‘normal’, habida cuenta que la situación patrimonial reflejada en el Folleto poco o nada tenía que ver con la real, puesta de manifiesto una semanas después”.

El magistrado recuerda que el propio Rato llegó a calificar como “todo un éxito” la salida a Bolsa de Bankia durante su discurso en la Bolsa en julio de 2011. En ese sentido, critica que las “grandilocuentes afirmaciones” del consejo de administración (hoy en día ya sustituido) contenidas en el informe de gestión e incluso el “optimismo” del Folleto sobre la “bondad de la operación contrastan vivamente con la realidad de las cosas”. Se hace eco asimismo de que el rescate de Bankia ha costado “la friolera” de 23.500 millones de euros, “más que todo el presupuesto de infraestructuras español o lo que es lo mismo, 500 euros por ciudadano”.

En su auto, el magistrado da un ‘pescozón’ también a la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) como supervisora: “Causa cierto estupor que una sociedad de reciente creación, que carece de cuentas consolidadas de ejercicios anteriores debidamente auditadas se le permitiera salir a bolsa, pero lo cierto es que este caso la CNMV lo autorizó”, señala Andreu en su auto, sobre una base “basada en hipótesis y proyecciones, que arrojaba una imagen de la sociedad ciertamente favorable para la misma”.

El auto de Andreu no es firme por lo que podrá ser recurrido en un plazo de cinco días ante la Audiencia Nacional.

El pasado 9 de febrero se celebró la vista para decidir sobre esta fianza. Unos 1.800 inversores minoristas, representados por 12 abogados, solicitaron una fianza de más de 4.000 millones de euros, mientras que el fiscal se mostró contrario a solicitar una fianza, alegando que “la contabilidad no es una ciencia”.

Poco después de conocerse la fianza solidaria impuesta por Andreu, las acciones de Bankia subían un 6,5% en el Ibex 35 hasta alcanzar los 1,15 euros.

EL BOLETÍN.com

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ANDREU CONSIDERA QUE HAY IRREGULARIDADES CLARAS

Fianza de 800 millones de euros para Bankia, BFA, Rato y otros tres exdirectivos


EL CONFIDENCIAL

jueves, 12 de febrero de 2015

A USTED NUNCA LE AVISARÁN

Así avisó por carta Hacienda a los españoles de la ‘lista Falciani’ en 2010

  • Hacienda justificó su actuación para evitar que prescribiera el supuesto fraude
  • Los funcionarios de la Agencia Tributaria denunciaron un "trato de favor"
J. VIÑAS
MADRID

Así avisó por carta Hacienda a los españoles de la ‘lista Falciani’ en 2010
La carta que Hacienda remitió a los contribuyentes que aparecían en la lista Falciani.




"Según los datos que constan en poder de la AEAT, obtenidos a través del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, usted ha tenido la disponibilidad de fondos situados en Suiza en la/las cuentas del banco HSBC Private Bank Suisse durante el año 2005 y/o siguientes”. Así empezaba una inusual carta de Hacienda que 659 contribuyentes recibieron por correo ordinario en junio de 2010. Todos ellos tenían en común que sus nombres aparecían en la llamada lista Falciani. Esta misiva, a la que tuvo acceso Cinco Días, invitaba a los declarantes a regularizar su situación tributaria en el plazo de 10 días y levantó duras críticas de la Organización de Inspectores de Hacienda, que entendieron que el proceso suponía un trato de favor a los presuntos evasores.
El entonces Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero recibió el 24 de mayo de 2010 el listado de contribuyentes españoles con cuentas opacas en la filial suiza de HSBC a través de las autoridades francesas que, a su vez, lo obtuvieron directamente de Hervé Falciani, el informático y empleado de la entidad financiera que sustrajo los datos de miles de clientes de todo el mundo con cuentas numeradas. Con los nombres encima de la mesa, Hacienda rechazó en un primer momento abrir una inspección o comprobación tributaria y, en su lugar, recurrió a un proceso de gestión tributaria de control que implicó informar a los contribuyentes afectados e instarles a regularizar. La diferencia es muy importante. En el caso de la apertura de una inspección, los afectados podrían verse inmersos en un proceso penal por delito fiscal y enfrentarse a penas de cárcel. En cambio, el requerimiento que envió la Agencia Tributaria excluía cualquier pena de cárcel si los afectados seguían las instrucciones, regularizaban su situación y presentaban una declaración complementaria completa y veraz. Así lo hizo, por ejemplo, el que fuera presidente del Banco Santander hasta su fallecimiento en septiembre del año pasado, Emilio Botín.
El Partido Popular, entonces en la oposición, defendió que la actuación de la Agencia Tributaria suponía una suerte de amnistía fiscal encubierta. Los responsables de Hacienda en 2010, la ministra Elena Salgado, el secretario de Estado del ramo Carlos Ocaña y el director de la Agencia Tributaria, Juan Manuel López Carbajo, señalaron que optaron por abrir un proceso de gestión tributaria y no de inspección ante la urgencia de evitar la prescripción. La lista Falciani, cuyos nombres están ahora apareciendo en El Confidencial y La Sexta por un trabajo del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, contenía información sobre cuentas en la filial suiza de HSBC en 2005 y 2006. Los datos llegaron a las manos del Gobierno en mayo de 2010 y el 30 de junio de ese mismo año prescribía el ejercicio 2005 a efectos del IRPF y del impuesto sobre el patrimonio.

Baile de cifras

Si en la lista Falciani aparecen, según los datos publicados por El Confidencial y La Sexta, 2.694 contribuyentes españoles o relacionados con España, ¿por qué Hacienda sólo remitió 659 notificaciones? El Ejecutivo de Zapatero señaló que hizo una labor de “depuración” porque no toda la información era completa y útil.
Un argumento que para Francisco de la Torre, en ese momento secretario general de la Organización de Inspectores de Hacienda y autor del libro ¿Hacienda somos todos? no se sostiene. Recuerda que el inicio de un proceso de inspección interrumpe la prescripción y era la actuación lógica ante un caso semejante. Otro de los motivos que esgrimieron los responsables de Hacienda era que la información que había llegado hasta sus manos era de poca calidad, en algunos casos incompleta y podría carecer de suficiente eficacia probatoria ante un procedimiento penal. Además, entendían que la invitación a regularizar la situación era el mejor mecanismo para convertir en ingresos fiscales el chivatazo. Tras las declaraciones complementarias se iniciaron los procedimientos sancionadores, que podían alcanzar hasta el 150% sobre la cuota defraudada, aunque la organización de inspectores denunció que la sanción solo se aplicaba sobre los rendimientos y no sobre el principal.
Además, con la legislación vigente en 2010, si el contribuyente demostraba que el dinero se sacó de España en un ejercicio ya prescrito, no cabía imputar los recursos evadidos como una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF. A fecha de junio de 2011, últimos datos oficiales facilitados por la Administración, se habían cerrado sanciones a 349 contribuyentes por un importe de sólo siete millones de euros. El proceso de regularización voluntaria permitió recaudar unos 260 millones. Ese fue el dinero que ingresó Hacienda por las declaraciones complementarias y que, en caso de ser veraces y completas, cerraban la puerta a condenas por delito fiscal. Hacienda también informó en 2011 que, tras el requerimiento remitido en junio, el caso había derivado en la apertura de 527 inspecciones a contribuyentes que no habían respondido a la notificación de la Agencia Tributaria o que su declaración complementaria presentaba lagunas.
Ya en esta legislatura, el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012 una amnistía fiscal que permitió regularizar dinero negro o evadido a un coste muy bajo. El tipo fue del 10%. Tras el perdón fiscal, se aprobó una nueva ley contra el fraude fiscal que endureció de forma notable las sanciones económicas por ocultar rentas en el extranjero.


CINCO DÍAS

EL SAQUEO DE LAS CAJAS DE AHORROS

La Fiscalía pide cárcel para dos exdirectivos de la CAM por la “sinvergonzonería” de sus dietas

La Fiscalía Anticorrupción mantiene su petición de cuatro y dos años y medio de prisión para Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés.


Sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
Sede de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)
 /  • 15:44


La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de cuatro y dos años y medio de prisión para los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM)Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, por la “sinvergonzonería” que cometieron al adjudicar dietas a los miembros de una participada de la caja “por no hacer nada”.

Según recoge la agencia Efe, así lo ha expuesto el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ambos exdirectivos, a los que reclama además que se les condene a indemnizar bien al Banco Sabadell, -entidad a la que fue adjudicada la CAM en subasta por el precio simbólico de un euro-, o bien a su participada Tenedora de Inversiones (TI) en la cantidad de 1.494.029,99 euros.

El fiscal acusa a López Abad y al fallecido presidente Vicente Sala de haber incurrido en un fraude de ley al haber creado una comisión de control en esta última sociedad, participada al 100 % por CAM, para adjudicar a sus miembros -que eran los mismos de la comisión de control de la caja, incluido el propio Avilés, que la presidía- unas dietas que no les correspondían.

“No se trabajaba nada entre reunión y reunión, tenían un enorme grado de desconocimiento de sus funciones”, ha subrayado el representante de Anticorrupción, que considera que puesto que “no tenían ninguna responsabilidad ni derecho a cobrar absolutamente nada, pedimos algo tan razonable como que devuelvan lo que recibieron y que no tenían ningún derecho a cobrar”.

La Comisión de Control de TI estaba compuesta por 18 miembros, a los que la Fiscalía considera partícipes a título lucrativo y por ello cree que deben afrontar la cantidad de forma solidaria con los acusados.

El organismo en TI se creó en 2005 y estuvo activo hasta 2011, periodo en el que se cobraron dietas, incrementadas de manera sucesiva hasta multiplicarse por 150, de entre 9.000 euros y los 308.000 que se desembolsó el propio Avilés.

EL BOLETÍN.com

Una reclamación de Mapfre costaría a Bankia un 37% de sus beneficios para 2015

Mapfre fue el principal inversor institucional en la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, con un montante de 280 millones de euros.


Mapfre
Mapfre
 /  • 13:03

Las acciones de Bankia subían hoy a media mañana un 0,17% hasta alcanzar los 1,17 euros, dentro de un Ibex 35 que a la misma hora se anotaba un 1,71% liderado en gran parte precisamente por el sector financiero. Sobre la cotización del banco que preside José Ignacio Goirigolzarri sigue pesando la incertidumbre sobre las posibles indemnizaciones que deberá pagar si se demuestra que salió a Bolsa en julio de 2011 con unas cuentas falseadas.

Ayer mismo, Bankia recibió una advertencia por parte de Antonio Huertas, presidente de Mapfre, que señaló ayer que “hará lo que tenga que hacer para defender los intereses de la aseguradora”. Una posible reclamación por parte de la compañía, que llegó a tener el 4,0% del capital del banco a través de Mapfre y Fundación Mapfre, tendría un impacto significativo sobre las cuentas de Bankia, avisan los analistas de Bankinter en un informe.

Tal y como explican estos expertos, las estimaciones de Bankia en relación a posibles indemnizaciones relacionadas con el caso reflejan un importe de 600 millones de euros de los cuales Bankia afrontaría el 38,0% (228 millones) y el resto el FROB, pero estas estimaciones no contemplan reclamaciones por parte de inversores institucionales.

Si Mapfre también reclamase la devolución de su inversión, el importe de las provisiones por contingencias ascendería a un total de 880 millones de euros, de los cuales 334 millones corresponderían a Bankia si ésta llega a un acuerdo con el FROB, lo que representa en torno al 37% del beneficio esperado en 2015, según los cálculos de estos expertos.

Por su parte, en otro informe los analistas de Ahorro Corporación consideran que los inversores institucionales no presentarán reclamaciones por su perfil de inversor cualificado, lo que podría llevar a que fuera desestimada cualquier petición en este sentido en un Juzgado.

No obstante, si los inversores instituciones decidieran reclamar y se les diera la razón, estos analistas creen que sería una noticia negativa para Bankia ya que aumentaría la cantidad de pagos a hacer frente por la entidad y por el FROB hasta un total de unos 4.000 millones de euros.

El pasado día 30 de enero Bankia comunicó el aplazamiento de la publicación de resultados del 2014, previstos inicialmente para el día 2 de febrero, a la espera de la decisión del FROB sobre las compensaciones a accionistas por la salida a Bolsa en 2011.

EL BOLETÍN.com

domingo, 8 de febrero de 2015

El juez da tres días para entregar los contratos de las 'tarjetas B'

  • Andreu también solicita a la Agencia Tributaria las actas inspección a la caja

Los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato.
Los ex presidentes de Caja Madrid Miguel Blesa y Rodrigo Rato. EL MUNDO
El juez Fernando Andreu ha dado tres días a Bankia para que le entregue los contratos originales que ya le pidió en diciembre de las tarjetas opacas, tanto de las que fueron titulares Rodrigo Rato y Miguel Blesa mientras estuvieron al frente de Caja Madrid, como los del resto de usuarios de las mismas.
En una providencia, el magistrado de la Audiencia Nacional da el mismo plazo a la Agencia Tributaria para que le proporcione las actas de la inspección que realizó en la caja durante los ejercicios 2003 y 2004, así como toda la documentación y cualquier otra comprobación tributaria que realizase entre 2003 y 2010.
Se trata de la segunda vez que Andreu pide esta documentación, que requirió el pasado 16 de diciembre a instancias de Blesa y Rato dentro de la pieza separada del "caso Bankia", en la que investiga los cargos de más de 15 millones de euros efectuados con estas tarjetas opacas a Hacienda por parte de exconsejeros y exdirectivos de Caja Madrid, todos ellos imputados.
Fuentes de la entidad han señalado que entregarán en el plazo establecido la información requerida, que incluye la de facilitar los "departamentos responsables de la emisión y/o contabilización" de las visas desde su origen, que tiene lugar en Caja Madrid, hasta mayo de 2012, tal y como reclamó Rato.
No solo eso, sino que también deberá acreditar la fecha en que comenzaron a contabilizarse las tarjetas en las cuentas "gastos de órganos de Gobierno" y "Tratamiento administrativo Circular 50/99", así como que informe de otras en las que se pudieron cargar los gastos con anterioridad a 2003.
Y es que el ex vicepresidente del Gobierno aludió en su declaración ante Andreu el pasado octubre a que esas tarjetas, que él entendía como parte de su salario por el que tributaba a Hacienda, ya existían desde mucho antes de que entrara en Caja Madrid en 2010.
Coincidía así con su antecesor, Miguel Blesa, que concretó que su origen databa de 1988, cuando la caja estaba presidida por Jaime Terceiro.
De hecho, Blesa dirigió un escrito a Andreu para solicitar diligencias muy similares a las que quería Rato, entre ellas pedir a Hacienda esas actas de inspección que demostrarían que "efectivamente se revisó" por parte de la Agencia Tributaria "la existencia" de las tarjetas opacas, "su uso y su contabilización".
Andreu accedió a esa petición y a la de solicitar a Bankia y Visa los "contratos marco" Bussines Plata y Bussines Oro asociados a las tarjetas a las que hacía referencia Bankia en su informe de auditoría interna que destapó el escándalo, y que hora vuelve a demandar.
Entre ellos, el del propio Blesa, que suscribió en 1994, y el del ex ministro de Economía.
Por último, el magistrado insta nuevamente a la entidad a que le demuestre "si durante la vigencia del mandato de Rodrigo Rato" se confeccionó "cualquier tipo de informe, relación o memorándum" dirigido al entonces presidente por parte de la Secretaría General o por las direcciones financieras, fiscal, contabilidad o cualquier otra "referidos a la emisión y/o uso de las tarjetas".
Bankia situó en la dirección financiera la gestión directa de estos plásticos, si bien éste aseguró al juez que la decisión de qué personas los recibían fue de los ex presidentes, mientras que su tarea era la de controlar simplemente que no se excediera el presupuesto asignado a cada una.
EL MUNDO