miércoles, 9 de julio de 2014


La Fiscalía ve indicios penales en el caso de las preferentes de Caixa Laietana




    La Fiscalía ve "indicios suficientes de la existencia de hechos que podrían revestir tipicidad penal" en la comercialización de participaciones preferentes de Caixa Laietana, que dos familias de Mataró (Barcelona) denunciaron en 2013 por la vía penal.
    Según el escrito de Fiscalía hay indicios de que los actos de comercialización de las citadas preferentes "podrían constituir un delito de estafa y/o apropiación indebida de las cantidades invertidas por los querellantes".
    También considera que merece investigación la ideación por parte de los consejos de administración de las entidades querelladas de un plan para comercializar estos productos entre pequeños inversores, "ocultando información a los mismos y dando a entender que dicho producto era un depósito bancario más".
    Añade el hecho de que se presentase a Bankia -donde se integró la caja catalana- "bajo una imagen de solvencia que no correspondía con la realidad" cuando se canjearon las preferentes por acciones de la entidad financiera con sede en Madrid.
    La Fiscalía se ha pronunciado así para oponerse al recurso de apelación interpuesto por el último expresidente y exdirector general de Caixa Laietana, Josep Ibern, contra al admisión a trámite de una querella de seis particulares afectados por las preferentes en el Juzgado de Instrucción 3 de Mataró.
    También ha recurrido la admisión a trámite el que fue director general de Caixa Laietana entre 1976 y 2008, Pere Antoni de Dòria, para una querella que se presentó en junio de 2013 contra los miembros del consejo de administración de la caja, así como la caja como persona jurídica.
    En la interlocutoria de imputación de la excúpula de Caixa Laietana, el juez de Mataró indicó que en la venta de preferentes podría haber un delito de estafa, y apuntó a que, pese a partir del caso particular de los seis particulares denunciantes, la querella mantiene que esta práctica pudo ser generalizada.
    La Fiscalía apoya que el juez instructor complete sus investigaciones para aclarar la existencia o no de elementos constitutivos de delito, aunque defiende que la causa debería ser juzgada por la Audiencia Nacional y por los juzgados de Granollers, adonde pertenece la oficina que comercializó las preferentes de los querellantes.

    Fuente: EL CONFIDENCIAL


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