En un país como España, poco acostumbrado a ceses y dimisiones fulminantes por motivos éticos, el tema de las tarjetas black está teniendo un efecto demoledor. En el momento de escribir estas líneas, una decena de personas han perdido sus puestos por haber utilizado una tarjeta opaca con cargo a Caja Madrid o Bankia, bien para sacar dinero, bien para hacer frente a gastos personales. Estas son las consecuencias de que el escándalo haya saltado a la luz; pero todo esto ha tenido un efecto aún más profundo.
Como señala acertadamente Ramsés Pérez Boga, presidente la Organización de Inspectores de Hacienda, el caso de las tarjetas black es algo más que fraude fiscal, es pura corrupción. Aquí nos encontramos con tres conductas, todas ellas muy graves. En primer lugar, la dirección de una entidad que diseña un sistema de pagos a consejeros y directivos que no se recoge en la contabilidad ni se declara. Esto da lugar a que no existan retenciones a cuenta ni información a la Hacienda Pública.
Un detalle que merece comentarse a la vista de los disparates que algunos afectados han comentado –tratando de justificar lo injustificable– es cómo se da información a la Hacienda Pública. A la Agencia Tributaria se le informa mediante los modelos, como el 190 de retenciones, no con supuestas y fantasmagóricas consultas verbales a inspectores o altos cargos. Esto lo sabe cualquiera, aunque no haya sido secretario de Estado de Hacienda o jefe de su gabinete.
A la Agencia Tributaria se le informa mediante los modelos, como el 190 de retenciones, no con supuestas y fantasmagóricas consultas verbales a inspectores o altos cargos
En segundo término tenemos la falta de declaración de estas retribuciones sui generis por parte de los titulares de las tarjetas. Con ser grave y moralmente impresentable, no es lo peor. Por último, lo más injustificable es confundir el patrimonio de una entidad financiera con el patrimonio personal. Dicho de otra forma, cuando se efectúan pagos al directivo de una entidad sin "soporte contractual", sin que lo hayan aprobado los órganos competentes (por ejemplo, la Asamblea General de la Caja) no estamos ante una retribución legítima, especialmente cuando ya se cobra un sueldo de la entidad financiera, e incluso se tiene otra tarjeta para gastos en la que sí se exige justificación.
Lo que podríamos denominar efecto black se podría sintetizar en 83 consejeros y directivos que cargaron algo más de 15 millones de euros a la Caja a lo largo de los años. En realidad, tener un sistema corrupto, y por definición sin control, en una entidad tan importante tiene un resultado devastador. A un Consejo de Administración se le paga para que controle y supervise a los directivos de una entidad. Si no se tienen conocimientos, independencia y un mínimo de integridad, este control es imposible.
Los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato (i) y Miguel Blesa. (EFE)Los expresidentes de Bankia y Caja Madrid Rodrigo Rato (i) y Miguel Blesa. (EFE)
Si se tiene una tarjeta opaca que proporciona el presidente de una caja, no es posible fiscalizarla, porque no se tiene independencia frente a la misma. De hecho, los límites eran más o menos altos en función de la afinidad y posición de los consejeros en los órganos de gobierno. Si no se tienen los conocimientos suficientes de finanzas elementales para saber que los sueldos se tienen que aprobar, los gastos hay que justificarlos y las retribuciones hay que declararlas, entonces no se puede ni dirigir ni controlar nada. De la integridad y ética para dirigir una entidad financiera, casi mejor ni hablamos.
Este sistema de dirección tuvo sus consecuencias: una pelea política brutal por hacerse con el control de la Caja, créditos mal concedidos –seamos benévolos, por falta de control–…  en suma, una gestión lamentable. Un aspecto que merece destacarse es que cuando la situación de la entidad era particularmente delicada, en 2009, se emitieron productos híbridos para mantener los fondos propios.
Si no se tienen los conocimientos suficientes de finanzas elementales para saber que los sueldos se tienen que aprobar, los gastos hay que justificarlos y las retribuciones hay que declararlas, entonces no se puede ni dirigir ni controlar nada
Traduciendo la jerga financiera: como Caja Madrid no tenía fondos propios suficientes, emitió masivamente preferentes por importe de 3.000 millones de euros. Estos productos formaban parte de los fondos propios por su "capacidad para absorber pérdidas". Esto quería decir que las preferentes no sólo eran ilíquidas, sino también que no pagaban intereses si había pérdidas; y que en caso de que la entidad tuviese problemas graves los inversores podían perder buena parte de su inversión; como de hecho finalmente ocurrió. En síntesis, se vendieron preferentes como si fuese renta fija, trasladando los riesgos de la gestión a unos inversores que no podían saber a lo que se exponían.
Los problemas con la solvencia de las entidades financieras no fueron un problema exclusivamente español. Sin embargo, la emisión masiva de preferentes a particulares sí lo fue, como explico en mi libro ¿Hacienda somos todos?. Caja Madrid no sólo fue la que más emitió, sino que también lo hizo cuando el pinchazo de la gran burbuja inmobiliaria ya se había producido. Posteriormente, y antes de iniciar el obligado saneamiento, se sacó el capital de Bankia a bolsa, lo que originó más pérdidas a los inversores que compraron.
Echando la vista atrás, mientras se ha exigido conocimientos financieros a los que compraron preferentes  –y por supuesto, acciones–  para que tuvieran que absorber pérdidas, ahora los antiguos altos directivos y consejeros de Caja Madrid declaran que no se les había informado que las tarjetas no eran legales. Esto no sólo es una ironía particularmente amarga. Esto es también el origen de un agujero que ha obligado a todos los contribuyentes a poner 23.000 millones de euros para que el agujero de Bankia no se llevase por delante a todo el sistema financiero español.
Las consecuencias de la falta de capacidad, conocimientos, independencia y un mínimo de integridad de la cúpula de algunas cajas han sido desastrosas. Son las consecuencias no sólo de la mala gestión, sino de la corrupción: el efectoblack.

*Francisco de la Torre Díaz es inspector de Hacienda y autor de ¿Hacienda somos todos? (Debate).